La líder de UPyD acudió a comentar la situación de Haidar con otra militante del Sáhara Occidental.
La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, fue expulsada de la casa de la activista saharaui Galia Djihi en El Aiún por más de una decenas de policías marroquíes tras adevertirle de que se había autorizado su visita a los hijos de Aminetu Haidar había sido "por razones humanitarias", pero que no tenía permiso para estar en casa de la compañera saharuai.
Así lo señaló Rosa Díez a los medios de comunicación vía telefónica, asegurando que en este momento se encontraba buscando un taxi seguida por varios agentes. "Han llamado a la puerta y han entrado dieciocho o veinte agentes diciendo que yo no tenía autorización para estar en la casa. Usted se tiene que marchar de aquí se tiene que ir, traemos esa orden", le dijeron a la diputada, que les respondió que era una ciudadana europea que se encontraba visitando a unos amigos.
Díez, acompañada de varias personas, fue a casa de esta activista en el Sáhara Occidental para hablar de la situación de Haidar. Cinco minutos antes, y vía telefónica, había señalado que tras visitar a los hijos de la pacifista y entregarle la carta de su madre, se había dirigido a casa de Djihi en donde con varios amigos estaban alabando la "fortaleza" de Aminetu y cómo una mujer "había levantado una bandera" por un tema que estaba casi olvidado.
Fue entonces cuando irrumpieron los agentes. "Nos hemos marchado para no dar más problemas, entonces han venido otros y nos han dicho que por razones humanitarias podía estar con los hijos pero no con la famila de Galia", explicó Díez nerviosa. "Ahora estamos por la calle buscando un taxi mientras estos hombres nos siguen a corta distancia", concluyó.
Díez se encontraba esta tarde en el país para visitar a los hijos de Aminatu Haidar, que lleva 28 días en huelga de hambre, y entregarles una misiva de la activista que se encuentra recluida en el aeropuerto de Lanzarote, reclamando volver a su casa
miércoles, 16 de diciembre de 2009
lunes, 14 de diciembre de 2009
La presunción de inocencia, según CC
En la sección Top Secret se analiza la actitud Coalición Canaria con respecto a la condena que ha reacido sobre Esteban Bethencourt. Se hace en base a la respuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero:
"Nos encontramos ante un cargo público condenado por malversación de caudales públicos que sigue ejeciendo una actividad pública".
"Así no hay quien despeje la corrupción. Ha dicho Paulino Rivero que el diputado de Coalición Canaria Esteban Bethencourt, ex alcalde de Valle Gran Rey, es inocente hasta que recaiga sobre él condena firme, es decir, hasta que la ratifique el Supremo, si es que no se encuentra motivo de inconstitucionalidad en la sentencia y el hombre recurre al Tribunal Constitucional y, a continuación, al de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hay que recordar que Bethencourt ha sido encontrado culpable por un jurado popular y que ha sido condenado a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público por un tribunal presidido por un magistrado, en este caso Antonio Castro Feliciano. La presunción de inocencia está, por lo tanto, totalmente diluida. Nos encontramos ante un cargo público condenado por malversación de caudales públicos que sigue ejerciendo una actividad pública. Su continuidad en el cargo choca contra cualquier código ético, contra cualquier conveniencia democrática y contra el sentido común. Pero es verdad que el voto gomero es muy necesario con la que está por caer en Coalición Canaria. Pero ésa es otra presunción de culpabilidad".
"Nos encontramos ante un cargo público condenado por malversación de caudales públicos que sigue ejeciendo una actividad pública".
"Así no hay quien despeje la corrupción. Ha dicho Paulino Rivero que el diputado de Coalición Canaria Esteban Bethencourt, ex alcalde de Valle Gran Rey, es inocente hasta que recaiga sobre él condena firme, es decir, hasta que la ratifique el Supremo, si es que no se encuentra motivo de inconstitucionalidad en la sentencia y el hombre recurre al Tribunal Constitucional y, a continuación, al de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hay que recordar que Bethencourt ha sido encontrado culpable por un jurado popular y que ha sido condenado a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público por un tribunal presidido por un magistrado, en este caso Antonio Castro Feliciano. La presunción de inocencia está, por lo tanto, totalmente diluida. Nos encontramos ante un cargo público condenado por malversación de caudales públicos que sigue ejerciendo una actividad pública. Su continuidad en el cargo choca contra cualquier código ético, contra cualquier conveniencia democrática y contra el sentido común. Pero es verdad que el voto gomero es muy necesario con la que está por caer en Coalición Canaria. Pero ésa es otra presunción de culpabilidad".
Canarias volverá a gastar en 2010 cerca de cinco millones de euros en alquileres de sedes judiciales
Las obras en la sede de lo Social tinerfeña, una galaría comercial de la cadena Orly, costaron otros dos millones de euros. Sigue provocando quejas por falta de espacio y barreras arquitectónicas.
El Gobierno de Canarias volverá a gastar en 2010 en torno a los cinco millones de euros en los alquileres de 30 sedes judiciales, contratadas en su mayoría de forma directa y no por concurso público, a la espera de que se construyan los Palacios de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. En las Palmas, la Comunidad Autónoma se dejará 2.666.888,04 euros, y en la provincia tinerfeña, 2. 090.122,89, a los que hay que sumar una provisión para imprevistos, especificada como revisiones de rentas, de 160.000 euros aproximadamente.
El gasto será en 2010 ligeramente inferior al de 2009 debido a que en los presupuestos para este año se asumieron un mes de alquiler y parte de fianza (68.303 euros), correspondientes a 2008, de lo que después sería la sede de los juzgados de lo Social en Santa Cruz de Tenerife, una galería comercial de la cadena Orly que hubo que acondicionar, lo que supuso otro gasto adicional de cerca de dos millones de euros.
Esa sede provocó entre final de 2008 y comienzos de 2009 las quejas de jueces, funcionarios y abogados por falta de espacio y mala adaptación, además de que el acceso para discapacitados es una pendiente no acondicionada. La falta de espacio, pese a la que sede se habilitó para ocho juzgados, llevó hace dos meses a la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia a negociar con los jueces la posibilidad de trasladar ese octavo órgano de lo Social, aún sin crear, a la actual sede de lo Contencioso-administrativo, también en sede alquilada, lo que finalmente se desechó.
Esa sede para los juzgados de lo Social de la provincia tinerfeña supondrá un gasto de 763.594,80 euros al año. Es la que más dinero se lleva del presupuesto total de los 4.944.982,45 euros destinados en 2010 a arrendar los locales habilitados para el ejercicio de la Justicia a lo largo y ancho del archipiélago, salvo en El Hierro y La Gomera.
El siguiente mayor gasto en alquileres en Justicia, 743.210,64 euros, corresponde al edificio de los jesuitas Fundación Loyola, en la capital grancanaria, que acoge a varios juzgados. Le sigue, en montante, de nuevo Santa Cruz de Tenerife, que gastará el próximo año 442.070,64 euros en la sede para los cuatro órganos de la jurisdicción Contencioso-administrativa, alojados en un local de la prolongación de la Avenida La Salle.
Tres de esos juzgados tuvieron que dejar su hueco en el Palacio de Justicia de la Avenida Tres de Mayo para dar paso a los juzgados de Violencia contra la Mujer, que requieren de mayor amplitud y pese a que agresores y víctimas siguen coincidiendo en una misma sala de espera. Estos juzgados debían crearse en el mismo ámbito de la jurisdicción penal por acceso a los calabozos.
A ellos se suman el Aula de Formación Unidad de Valoración Forense, por la que se pagarán 60.549,96 euros.
Dispersión excesiva
La dispersión de los juzgados canarios es excesiva, lo que conlleva las quejas de los agentes judiciales y no parece que vaya a tener remedio a corto ni medio plazo, al menos en Santa Cruz de Tenerife, donde ni siquiera está proyectada la licitación de obras de la nueva sede judicial, calculada en 118 millones de euros y que deberá acoger a la Audiencia Provincial, mientras que las obras del Palacio de La Laguna están suspendidas, a la espera de solucionar un conflicto que colinda con el actual mercado de La Plaza del Adelantado.
En las Palmas de Gran Canaria, la atomización de las sedes judiciales es mayor que en la provincia tinerfeña, ya que están desperdigadas por toda la ciudad aunque se prevé acabar con los arrendamientos en 2011, año para el que la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad ha anunciado la inauguración del nuevo Palacio de Justicia, al que en 2010 se han destinado alrededor de 13 millones de euros, aunque el coste final superará los 80 millones.
Así, en 2010 el Gobierno de Canarias deberá gastar, sólo en Las Palmas de Gran Canaria, y además de las partidas antes mencionadas, 335,546, 64 euros en los alquileres de los juzgados de lo Contencioso del 1 al 5; otros 250.384,56, en los de Primera Instancia 1, 3, 5 y 10, además de 236.228,16 en otra sede para los de Primera Instancia 6 y 15 junto con el de lo Contencioso 6, y a los que hay que añadir 104.326,56 euros para los juzgados de Primera Instancia 16 y 17.
Los dos juzgados de menores de esta provincia costarán 240.716,28 euros y 141.120, respectivamente; el inmueble habilitado para el juzgado de Primera Instancia 14 y de lo Social 7 tendrá un coste de 60.690,36 euros y los de Primera Instancia 7 y 13, en lugares distintos, se pagarán a 31.446,24 euros el primero y a 45.885,60 el segundo.
El Servicio Común de Notificaciones y Embargos supondrá un gasto de 33.933,36 euros; la Fiscalía con especialidad en Familia, 81.969,96, y el local para el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, otros 6.685,16 euros. A estas partidas de debe añadir el pago del alquiler del juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, que será de 10.907,04 euros.
No acaban ahí los alquileres para 2010 en Las Palmas, porque la adscripción permanente de la Fiscalía de Puerto del Rosario supondrá un desembolso el próximo año de 52.920 euros. En esa misma ciudad hay que pagar el arrendamiento del juzgado de Primera Instancia e Instrucción que sirve a toda la isla y que supondrá otro gasto de 173.454,96 euros, y también en Puerto del Rosario están los juzgados de lo Social 2 y lo Penal 2 de Lanzarote, cuyo alquiler será de 145.436,04 euros.
La provincia tinerfeña, a la espera
En la provincia tinerfeña, la dispersión de juzgados no es tanta pero en comparación es más gravosa. De las once sedes judiciales que mantendrán su arrendamiento el próximo año, además de la antes mencionada sede la jurisdicción social, las siguientes más costosas se deben a Puerto de la Cruz, donde se pagarán 218.754,96 euros por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 218.754,96 euros, y por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3, 95.159,76 euros.
El único juzgado de lo Mercantil de la provincia, en Santa Cruz de Tenerife, costará a la Comunidad Autónoma 71.654,16 euros, y el juzgado de Paz de Los Realejos, 4.073,44.
En La Laguna, a la espera de una nueva sede judicial cuyo proyecto arrancó hace más de cinco años pero que no avanza por problemas urbanísticos, hay cuatro sedes judiciales diferentes. La que alberga al juzgado de Instrucción 2 supondrá el año próximo un alquiler de 73.027,68 euros, mientras que el del juzgado de Instrucción 3 será de 94.385,45 euros. Por el de Primera Instancia 6 se pagarán 74.916,12 euros, y los de Instrucción 1 y 4, serán un gasto de 73.944 euros.
Un gasto similar supondrá el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Orotava, 70.182,48 euros, y algo menos el único juzgado Penal de La Palma, por cuyo local se abonarán 47.809,44 euros.
El Gobierno de Canarias volverá a gastar en 2010 en torno a los cinco millones de euros en los alquileres de 30 sedes judiciales, contratadas en su mayoría de forma directa y no por concurso público, a la espera de que se construyan los Palacios de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. En las Palmas, la Comunidad Autónoma se dejará 2.666.888,04 euros, y en la provincia tinerfeña, 2. 090.122,89, a los que hay que sumar una provisión para imprevistos, especificada como revisiones de rentas, de 160.000 euros aproximadamente.
El gasto será en 2010 ligeramente inferior al de 2009 debido a que en los presupuestos para este año se asumieron un mes de alquiler y parte de fianza (68.303 euros), correspondientes a 2008, de lo que después sería la sede de los juzgados de lo Social en Santa Cruz de Tenerife, una galería comercial de la cadena Orly que hubo que acondicionar, lo que supuso otro gasto adicional de cerca de dos millones de euros.
Esa sede provocó entre final de 2008 y comienzos de 2009 las quejas de jueces, funcionarios y abogados por falta de espacio y mala adaptación, además de que el acceso para discapacitados es una pendiente no acondicionada. La falta de espacio, pese a la que sede se habilitó para ocho juzgados, llevó hace dos meses a la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia a negociar con los jueces la posibilidad de trasladar ese octavo órgano de lo Social, aún sin crear, a la actual sede de lo Contencioso-administrativo, también en sede alquilada, lo que finalmente se desechó.
Esa sede para los juzgados de lo Social de la provincia tinerfeña supondrá un gasto de 763.594,80 euros al año. Es la que más dinero se lleva del presupuesto total de los 4.944.982,45 euros destinados en 2010 a arrendar los locales habilitados para el ejercicio de la Justicia a lo largo y ancho del archipiélago, salvo en El Hierro y La Gomera.
El siguiente mayor gasto en alquileres en Justicia, 743.210,64 euros, corresponde al edificio de los jesuitas Fundación Loyola, en la capital grancanaria, que acoge a varios juzgados. Le sigue, en montante, de nuevo Santa Cruz de Tenerife, que gastará el próximo año 442.070,64 euros en la sede para los cuatro órganos de la jurisdicción Contencioso-administrativa, alojados en un local de la prolongación de la Avenida La Salle.
Tres de esos juzgados tuvieron que dejar su hueco en el Palacio de Justicia de la Avenida Tres de Mayo para dar paso a los juzgados de Violencia contra la Mujer, que requieren de mayor amplitud y pese a que agresores y víctimas siguen coincidiendo en una misma sala de espera. Estos juzgados debían crearse en el mismo ámbito de la jurisdicción penal por acceso a los calabozos.
A ellos se suman el Aula de Formación Unidad de Valoración Forense, por la que se pagarán 60.549,96 euros.
Dispersión excesiva
La dispersión de los juzgados canarios es excesiva, lo que conlleva las quejas de los agentes judiciales y no parece que vaya a tener remedio a corto ni medio plazo, al menos en Santa Cruz de Tenerife, donde ni siquiera está proyectada la licitación de obras de la nueva sede judicial, calculada en 118 millones de euros y que deberá acoger a la Audiencia Provincial, mientras que las obras del Palacio de La Laguna están suspendidas, a la espera de solucionar un conflicto que colinda con el actual mercado de La Plaza del Adelantado.
En las Palmas de Gran Canaria, la atomización de las sedes judiciales es mayor que en la provincia tinerfeña, ya que están desperdigadas por toda la ciudad aunque se prevé acabar con los arrendamientos en 2011, año para el que la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad ha anunciado la inauguración del nuevo Palacio de Justicia, al que en 2010 se han destinado alrededor de 13 millones de euros, aunque el coste final superará los 80 millones.
Así, en 2010 el Gobierno de Canarias deberá gastar, sólo en Las Palmas de Gran Canaria, y además de las partidas antes mencionadas, 335,546, 64 euros en los alquileres de los juzgados de lo Contencioso del 1 al 5; otros 250.384,56, en los de Primera Instancia 1, 3, 5 y 10, además de 236.228,16 en otra sede para los de Primera Instancia 6 y 15 junto con el de lo Contencioso 6, y a los que hay que añadir 104.326,56 euros para los juzgados de Primera Instancia 16 y 17.
Los dos juzgados de menores de esta provincia costarán 240.716,28 euros y 141.120, respectivamente; el inmueble habilitado para el juzgado de Primera Instancia 14 y de lo Social 7 tendrá un coste de 60.690,36 euros y los de Primera Instancia 7 y 13, en lugares distintos, se pagarán a 31.446,24 euros el primero y a 45.885,60 el segundo.
El Servicio Común de Notificaciones y Embargos supondrá un gasto de 33.933,36 euros; la Fiscalía con especialidad en Familia, 81.969,96, y el local para el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, otros 6.685,16 euros. A estas partidas de debe añadir el pago del alquiler del juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, que será de 10.907,04 euros.
No acaban ahí los alquileres para 2010 en Las Palmas, porque la adscripción permanente de la Fiscalía de Puerto del Rosario supondrá un desembolso el próximo año de 52.920 euros. En esa misma ciudad hay que pagar el arrendamiento del juzgado de Primera Instancia e Instrucción que sirve a toda la isla y que supondrá otro gasto de 173.454,96 euros, y también en Puerto del Rosario están los juzgados de lo Social 2 y lo Penal 2 de Lanzarote, cuyo alquiler será de 145.436,04 euros.
La provincia tinerfeña, a la espera
En la provincia tinerfeña, la dispersión de juzgados no es tanta pero en comparación es más gravosa. De las once sedes judiciales que mantendrán su arrendamiento el próximo año, además de la antes mencionada sede la jurisdicción social, las siguientes más costosas se deben a Puerto de la Cruz, donde se pagarán 218.754,96 euros por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 218.754,96 euros, y por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3, 95.159,76 euros.
El único juzgado de lo Mercantil de la provincia, en Santa Cruz de Tenerife, costará a la Comunidad Autónoma 71.654,16 euros, y el juzgado de Paz de Los Realejos, 4.073,44.
En La Laguna, a la espera de una nueva sede judicial cuyo proyecto arrancó hace más de cinco años pero que no avanza por problemas urbanísticos, hay cuatro sedes judiciales diferentes. La que alberga al juzgado de Instrucción 2 supondrá el año próximo un alquiler de 73.027,68 euros, mientras que el del juzgado de Instrucción 3 será de 94.385,45 euros. Por el de Primera Instancia 6 se pagarán 74.916,12 euros, y los de Instrucción 1 y 4, serán un gasto de 73.944 euros.
Un gasto similar supondrá el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Orotava, 70.182,48 euros, y algo menos el único juzgado Penal de La Palma, por cuyo local se abonarán 47.809,44 euros.
viernes, 11 de diciembre de 2009
Comienzan los trámites de la central hidroeléctrica
Dicha actuación constituye una de las mayores iniciativas en las Islas para las políticas de desarrollo sostenible.
El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria iniciará esta semana los trámites para la disposición del territorio que requieren las futuras instalaciones e infraestructuras de la central hidroeléctrica de las presas principales de la isla y que supondrá un salto extraordinario en la obtención de energías alternativas. Dicha actuación constituye una de las mayores iniciativas en las Islas para las políticas de desarrollo sostenible.
De esta manera, se propuso iniciar el trámite del planeamiento actual del territorio al objeto de permitir la implantación de un sistema de aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo reversible entre las presas de Chira y Soria y, con el suministro de una planta desaladora que se abastecería de energía eólica. El agua procedente de esta planta se usaría para suministrar el circuito hidráulico de abastecimiento cuando el volumen de agua en las presas no fuera suficiente y también para el abasto de la población, informó la Corporación insular en un comunicado.
Los principales elementos e infraestructuras que requiere el desarrollo de esta iniciativa incluyen tanto a los elementos principales, en su mayoría subterráneos, como a las infraestructuras asociadas que comparten las instalaciones.
Por su parte, el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, y sus consejeros de Aguas, Demetrio Suárez, y de Política Territorial, Emilio Mayoral, recorrieron este fin de semana buena parte de las zonas por las que discurrirán los sistemas de aprovechamiento hidroeléctrico entre las presas de Gran Canaria y la conexión de las mismas a la planta desaladora.
"Es propósito de la Corporación Insular aprobar este mes en el Consejo y en el Pleno el expediente de modificación, por interés general, de las normas territoriales en vigor para remitirlo al Gobierno de Canarias con el fin de que pueda ser garantizado el suelo correspondiente para la construcción de las instalaciones", dijo Pérez, quien consideró que se puede iniciar paralelamente la puesta en marcha de los instrumentos de gestión que desde el Cabildo se precisan para
El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria iniciará esta semana los trámites para la disposición del territorio que requieren las futuras instalaciones e infraestructuras de la central hidroeléctrica de las presas principales de la isla y que supondrá un salto extraordinario en la obtención de energías alternativas. Dicha actuación constituye una de las mayores iniciativas en las Islas para las políticas de desarrollo sostenible.
De esta manera, se propuso iniciar el trámite del planeamiento actual del territorio al objeto de permitir la implantación de un sistema de aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo reversible entre las presas de Chira y Soria y, con el suministro de una planta desaladora que se abastecería de energía eólica. El agua procedente de esta planta se usaría para suministrar el circuito hidráulico de abastecimiento cuando el volumen de agua en las presas no fuera suficiente y también para el abasto de la población, informó la Corporación insular en un comunicado.
Los principales elementos e infraestructuras que requiere el desarrollo de esta iniciativa incluyen tanto a los elementos principales, en su mayoría subterráneos, como a las infraestructuras asociadas que comparten las instalaciones.
Por su parte, el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, y sus consejeros de Aguas, Demetrio Suárez, y de Política Territorial, Emilio Mayoral, recorrieron este fin de semana buena parte de las zonas por las que discurrirán los sistemas de aprovechamiento hidroeléctrico entre las presas de Gran Canaria y la conexión de las mismas a la planta desaladora.
"Es propósito de la Corporación Insular aprobar este mes en el Consejo y en el Pleno el expediente de modificación, por interés general, de las normas territoriales en vigor para remitirlo al Gobierno de Canarias con el fin de que pueda ser garantizado el suelo correspondiente para la construcción de las instalaciones", dijo Pérez, quien consideró que se puede iniciar paralelamente la puesta en marcha de los instrumentos de gestión que desde el Cabildo se precisan para
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Al Qaeda reconoce el secuestro de los tres cooperantes españoles
Un portavoz en nombre de Al Qaeda ha reivindicado el secuestro de los tres españoles y un francés en una grabación llegada a Al Yazira.
La organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha reivindicado el secuestro de los tres cooperantes españoles interceptados el pasado 29 de noviembre en Mauritania -Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, miembros de Barcelona-Acció Solidaria- y del ciudadano francés Pierre Camatte, apresado en Mali, según una grabación difundida por la cadena Al Yazira.
Un portavoz en nombre de Al Qaeda, que se identificó como Saleh Abu Mohammad, ha reivindicado el secuestro de los cuatro europeos en una grabación sonora llegada a Al Yazira este martes, según informó la edición digital de la propia cadena de televisión qatarí.
"Dos unidades de los valientes muyahidines secuestraron a cuatro europeos en dos operaciones distintas; el primero ocurrió en Malí, donde el francés Pierre Camatte fue secuestrado el 25 de noviembre, y el segundo ocurrió en Mauritania, donde el 29 de noviembre fueron secuestrados tres españoles". "Francia y España serán informados posteriormente sobre las legítimas demandas de los muyahidines", añadió, sin más detalles.
El pasado 30 de noviembre, un día después de los hechos, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró que los secuestradores de los españoles podrían ser islamistas radicales de la organización Al Qaeda del Magreb Islámico. "Todo apunta a que se trata de un secuestro. De ser así, como me temo que es, todo parece que sería un secuestro de AQMI, que es Al Qaeda del Magreb Islámico. No sería el primer secuestro que hace en esa zona de cooperantes europeos o norteamericanos", afirmó. La ministra de Defensa, Carme Chacón, afirmó ese mismo día que "los únicos indicios" apuntaban a que los autores del secuestro eran miembros de Al Qaeda.
Camatte fue secuestrado en un hoteL de la región del Sahel, en el norte de Malí, y los tres españoles fueron capturados mientras repartían ayuda humanitaria en Mauritania. A principios de este año, Al Qaeda del Magreb Islámico reivindicó el rapto del británico Edwin Dyer, uno de los seis occidentales secuestrados en Níger el pasado mes de enero. El grupo ha amenazado con asesinar a Dyer si el Gobierno británico no libera a Abu Qatada, un clérigo musulmán encarcelado en Reino Unido.
La organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha reivindicado el secuestro de los tres cooperantes españoles interceptados el pasado 29 de noviembre en Mauritania -Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, miembros de Barcelona-Acció Solidaria- y del ciudadano francés Pierre Camatte, apresado en Mali, según una grabación difundida por la cadena Al Yazira.
Un portavoz en nombre de Al Qaeda, que se identificó como Saleh Abu Mohammad, ha reivindicado el secuestro de los cuatro europeos en una grabación sonora llegada a Al Yazira este martes, según informó la edición digital de la propia cadena de televisión qatarí.
"Dos unidades de los valientes muyahidines secuestraron a cuatro europeos en dos operaciones distintas; el primero ocurrió en Malí, donde el francés Pierre Camatte fue secuestrado el 25 de noviembre, y el segundo ocurrió en Mauritania, donde el 29 de noviembre fueron secuestrados tres españoles". "Francia y España serán informados posteriormente sobre las legítimas demandas de los muyahidines", añadió, sin más detalles.
El pasado 30 de noviembre, un día después de los hechos, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró que los secuestradores de los españoles podrían ser islamistas radicales de la organización Al Qaeda del Magreb Islámico. "Todo apunta a que se trata de un secuestro. De ser así, como me temo que es, todo parece que sería un secuestro de AQMI, que es Al Qaeda del Magreb Islámico. No sería el primer secuestro que hace en esa zona de cooperantes europeos o norteamericanos", afirmó. La ministra de Defensa, Carme Chacón, afirmó ese mismo día que "los únicos indicios" apuntaban a que los autores del secuestro eran miembros de Al Qaeda.
Camatte fue secuestrado en un hoteL de la región del Sahel, en el norte de Malí, y los tres españoles fueron capturados mientras repartían ayuda humanitaria en Mauritania. A principios de este año, Al Qaeda del Magreb Islámico reivindicó el rapto del británico Edwin Dyer, uno de los seis occidentales secuestrados en Níger el pasado mes de enero. El grupo ha amenazado con asesinar a Dyer si el Gobierno británico no libera a Abu Qatada, un clérigo musulmán encarcelado en Reino Unido.
Haidar recurrirá a la vía penal si se actúa en contra de su voluntad
Su abogada ha declarado que la huelguista se encuentra "en pleno uso de sus facultades mentales y no se puede actuar contra su voluntad"
Aminatu Haidar, que hoy cumple su vigesimotercer día en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, ha anunciado que recurrirá a la vía penal si se actúa contra su voluntad en este ayuno para conseguir su regreso a El Aaiún.
En una declaración efectuada por su abogada, Inés Miranda, se afirma que "cualquier acción" que se efectúe contra la voluntad de Aminatu Haidar "libremente expresada por ella" se sitúa en el ámbito del Derecho Penal y "está perfectamente tipificada" en el Código Penal.
La letrada de la activista saharaui ha afirmado que desconoce si la fiscalía ha solicitado el ingreso de Haidar en un centro hospitalario "para ser examinada y valorar su estado de salud" y recuerda que la huelguista se encuentra "en pleno uso de sus facultades mentales y no se puede actuar contra su voluntad".
A lo largo de la jornada de este martes, en el aeropuerto de Lanzarote el actor Juan Diego Botto ha entregado a Haidar la carta de sus hijos que hoy publican varios medios de comnicación en la que hacen desde El Aaiún un "llamamiento urgente de la infancia a la conciencia humana".
"En mi nombre, Hayat El Kassimi, hija de Aminetu Haidar, con 15 años, y de mi hermano, Mohamed El Kassimi, de 13, lanzo una llamada urgente a todos los niños del mundo para que nos apoyen; y a la vez lanzo otra llamada urgente a todas las madres del mundo para que apoyen a nuestra madre, una madre que sostiene a sus dos hijos y que se encuentra en huelga de hambre desde hace 22 días, para que ella pueda volver a nuestro lado y vivamos juntos de forma estable", afirman.
Los hijos de la dirigente saharaui añaden: "Es doloroso para nosotros recibir la mala noticia de que nuestra querida madre ha decidido dejar de tomar sus medicamentos; es peligroso para ella. Ayuden a nuestra querida mamá. Eviten la tragedia, que va a repercutir negativamente sobre nuestra situación.¡Queremos que vuelva nuestra mamá!".
El acto Juan Diego Botto ha expresado hoy su confivicción de que Haidar será "más útil para la causa saharaui con vida", pero "ella nos ha demostrado que su determinación es llegar hasta el final en su lucha, por la dignidad y por la justicia".
Aminatu Haidar, que hoy cumple su vigesimotercer día en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, ha anunciado que recurrirá a la vía penal si se actúa contra su voluntad en este ayuno para conseguir su regreso a El Aaiún.
En una declaración efectuada por su abogada, Inés Miranda, se afirma que "cualquier acción" que se efectúe contra la voluntad de Aminatu Haidar "libremente expresada por ella" se sitúa en el ámbito del Derecho Penal y "está perfectamente tipificada" en el Código Penal.
La letrada de la activista saharaui ha afirmado que desconoce si la fiscalía ha solicitado el ingreso de Haidar en un centro hospitalario "para ser examinada y valorar su estado de salud" y recuerda que la huelguista se encuentra "en pleno uso de sus facultades mentales y no se puede actuar contra su voluntad".
A lo largo de la jornada de este martes, en el aeropuerto de Lanzarote el actor Juan Diego Botto ha entregado a Haidar la carta de sus hijos que hoy publican varios medios de comnicación en la que hacen desde El Aaiún un "llamamiento urgente de la infancia a la conciencia humana".
"En mi nombre, Hayat El Kassimi, hija de Aminetu Haidar, con 15 años, y de mi hermano, Mohamed El Kassimi, de 13, lanzo una llamada urgente a todos los niños del mundo para que nos apoyen; y a la vez lanzo otra llamada urgente a todas las madres del mundo para que apoyen a nuestra madre, una madre que sostiene a sus dos hijos y que se encuentra en huelga de hambre desde hace 22 días, para que ella pueda volver a nuestro lado y vivamos juntos de forma estable", afirman.
Los hijos de la dirigente saharaui añaden: "Es doloroso para nosotros recibir la mala noticia de que nuestra querida madre ha decidido dejar de tomar sus medicamentos; es peligroso para ella. Ayuden a nuestra querida mamá. Eviten la tragedia, que va a repercutir negativamente sobre nuestra situación.¡Queremos que vuelva nuestra mamá!".
El acto Juan Diego Botto ha expresado hoy su confivicción de que Haidar será "más útil para la causa saharaui con vida", pero "ella nos ha demostrado que su determinación es llegar hasta el final en su lucha, por la dignidad y por la justicia".
miércoles, 2 de diciembre de 2009
El Polisario adelanta que Haidar podría aceptar un pasaporte marroquí
ELos días pasan, la salud de Haidar se debilita y no hay solución. España exporta la situación a la UE y la ONU. Busca que presionen a Marruecos.
La delegado del Frente Polisario en España, Mohammed Haddad, ha adelantado que por la información de que dispone, la activista saharaui Aminatu Haidar no rechazaría un pasaporte "de la potencia ocupante marroquí" para volver a El Aaiun, aunque éste no fuera el que le fue sustraído hace 18 días por las Fuerzas de Seguridad del Reino Vecino cuando fue detenida en el aeropuerto.
"Ella pide retornar en las mismas condiciones que llegó a España o con un pasaporte de la potencia ocupante" dijo Haddad, "y no hace distinciones entre uno nuevo o el viejo, lo que pasa es que no va a ir ella a buscarlo al consulado".
En este sentido, Haddad subrayó que la nacionalidad española que el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero ha ofrecido a Haidar "no solucionaría el problema que tiene para volver El Aaiun", pues Marruecos "podría volver a impedirle la entrada igual que a tantos españoles que tratan de defender los derechos de los saharauis".
"Ella nunca ha rechazado un pasaporte marroquí para entrar en el territorio, lo que pasa es que el que tenía se lo sustrajeron y la expulsaron", agregó Haddad.
Las declaraciones de Haddad se producen al final de un día que ha vuelto a estar marcado por la tensión en torno a la situación de la salud de la activista y en el que las conversaciones entre los Gobiernos de España y Marruecos para encontrar una salida han proseguido aunque, con poco éxito.
Presión a Marruecos
Según indicó Elena Valenciano tras la reunión, los socialistas también tienen previsto implicar a la Comisión Europea en la búsqueda de una solución al caso Haidar a través de sus diputados en el Parlamento Europeo.
"No nos hemos equivocado nunca de enemigo", dijo por su parte Haddad tras el encuentro, queriendo quitar hierro a las diferencias que en los últimos años han surgido entre el PSOE y el Frente Polisario.
"Los enemigos son quienes ocupan ilegalmente un territorio y torturan a sus habitantes", prosiguió el representante saharaui, "lo que pasa es que España sigue teniendo una gran responsabilidad moral y política y hoy más que nunca no puede seguir haciendo la vista gorda, porque el caso de Haidar es parte del calvario del pueblo saharaui"
Valenciano, por su parte destacó tras la reunión que el Gobierno de Marruecos "debe comprender que España no es quien ha creado la situación" de la activista saharaui, por lo que es al Reino Vecino a quien corresponde encontrar vías para resolverlo.
El secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania también estuvo presente en la entrevista de hoy entre Valenciano y el representante saharaui, destacando ésta que el Polisario está colaborando con las autoridades mauritanas en su búsqueda en las zonas del norte de Mauritania que controla.
La delegado del Frente Polisario en España, Mohammed Haddad, ha adelantado que por la información de que dispone, la activista saharaui Aminatu Haidar no rechazaría un pasaporte "de la potencia ocupante marroquí" para volver a El Aaiun, aunque éste no fuera el que le fue sustraído hace 18 días por las Fuerzas de Seguridad del Reino Vecino cuando fue detenida en el aeropuerto.
"Ella pide retornar en las mismas condiciones que llegó a España o con un pasaporte de la potencia ocupante" dijo Haddad, "y no hace distinciones entre uno nuevo o el viejo, lo que pasa es que no va a ir ella a buscarlo al consulado".
En este sentido, Haddad subrayó que la nacionalidad española que el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero ha ofrecido a Haidar "no solucionaría el problema que tiene para volver El Aaiun", pues Marruecos "podría volver a impedirle la entrada igual que a tantos españoles que tratan de defender los derechos de los saharauis".
"Ella nunca ha rechazado un pasaporte marroquí para entrar en el territorio, lo que pasa es que el que tenía se lo sustrajeron y la expulsaron", agregó Haddad.
Las declaraciones de Haddad se producen al final de un día que ha vuelto a estar marcado por la tensión en torno a la situación de la salud de la activista y en el que las conversaciones entre los Gobiernos de España y Marruecos para encontrar una salida han proseguido aunque, con poco éxito.
Presión a Marruecos
Según indicó Elena Valenciano tras la reunión, los socialistas también tienen previsto implicar a la Comisión Europea en la búsqueda de una solución al caso Haidar a través de sus diputados en el Parlamento Europeo.
"No nos hemos equivocado nunca de enemigo", dijo por su parte Haddad tras el encuentro, queriendo quitar hierro a las diferencias que en los últimos años han surgido entre el PSOE y el Frente Polisario.
"Los enemigos son quienes ocupan ilegalmente un territorio y torturan a sus habitantes", prosiguió el representante saharaui, "lo que pasa es que España sigue teniendo una gran responsabilidad moral y política y hoy más que nunca no puede seguir haciendo la vista gorda, porque el caso de Haidar es parte del calvario del pueblo saharaui"
Valenciano, por su parte destacó tras la reunión que el Gobierno de Marruecos "debe comprender que España no es quien ha creado la situación" de la activista saharaui, por lo que es al Reino Vecino a quien corresponde encontrar vías para resolverlo.
El secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania también estuvo presente en la entrevista de hoy entre Valenciano y el representante saharaui, destacando ésta que el Polisario está colaborando con las autoridades mauritanas en su búsqueda en las zonas del norte de Mauritania que controla.
El paro roza los cuatro millones
Es el cuarto ascenso consecutivo después de la clásica caída de verano. La subida representa un 1,6% con respecto al dato del mes anterior.
El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) subió en 60.593 personas en octubre (1,6% respecto al mes anterior). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.868.946 personas, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El paro encadena su cuarto ascenso consecutivo, aunque la subida del desempleo en noviembre es muy inferior a la del mismo mes del pasado año, que fue de 171.243 personas, y se acerca paulatinamente a los niveles medios de los meses de noviembre que, entre 2001 y 2007, fue de 44.000 personas.
Desde marzo, la variación interanual sigue disminuyendo y se sitúa en noviembre en el nivel más bajo desde agosto de 2008.
Así, según los registros de los servicios públicos de empleo, en el último año, un total de 879.677 personas han pasado a engrosar las listas de desempleo, lo que representa un crecimiento interanual del 29,4%.
El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) subió en 60.593 personas en octubre (1,6% respecto al mes anterior). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.868.946 personas, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El paro encadena su cuarto ascenso consecutivo, aunque la subida del desempleo en noviembre es muy inferior a la del mismo mes del pasado año, que fue de 171.243 personas, y se acerca paulatinamente a los niveles medios de los meses de noviembre que, entre 2001 y 2007, fue de 44.000 personas.
Desde marzo, la variación interanual sigue disminuyendo y se sitúa en noviembre en el nivel más bajo desde agosto de 2008.
Así, según los registros de los servicios públicos de empleo, en el último año, un total de 879.677 personas han pasado a engrosar las listas de desempleo, lo que representa un crecimiento interanual del 29,4%.
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